En desarrollo de una operación conjunta de la que hicieron parte tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aérea, con acompañamiento del Cuerpo Técnico de Investigación en contra de los Grupos Armados Organizados que delinquen en el Pacífico colombiano, en las últimas horas, sobre el río Saija a la altura de los corregimientos de Cupi y Camarones, municipio de Timbiquí, en el departamento del Cauca se logró un importante resultado que afecta las estructuras criminales del Grupo Armado Organizado residual estructura 30 ‘Rafael Aguilera’ cuyo principal cabecilla es alias ‘Mahecha’.
En la acción militar, se logró la recuperación de un menor de edad presunto integrante del GAO-r E 30, quien estaba en posesión de un arma de fuego y a quien le fueron restablecidos los derechos. En desarrollo del procedimiento habitantes de la región intentaron realizar una asonada para impedir la acción legítima de las tropas.
Este menor haría parte de las comisiones que realizan custodia de centros de acopio de estupefacientes y astilleros artesanales que son empleados por esta organización para mantener el control de las rutas del narcotráfico hacia el litoral costero, donde preparan embarcaciones tipo Go Fast o semisumergibles que son enviados hacia Centroamérica y que les permiten obtener rentas ilícitas para sostener su accionar delictivo.
En el mismo sector, en desarrollo de las labores de registro las tropas hallaron un área campamentaria en la que fueron incautados una ametralladora, seis fusiles, dos lanzagranadas, una pistola, 23 proveedores, 3.713 municiones de diferentes calibres nueve granadas de 40 milímetros, una embarcación, un motor fuera de borda y material de intendencia, entre otros elementos. El lugar que también había sido acondicionado como taller artesanal para la fabricación de artefactos explosivos improvisados tenía en su interior un equipo de soldadura autógena, 14 canecas de cinco galones cargadas con 213 kilos de explosivos tipo pentolita, 1.700 metros de cordón detonante, 200 metros de mecha lenta y 59 estopines eléctricos, material que era empleado por los integrantes de esta estructura criminal para la elaboración de artefactos explosivos no convencionales y que iban a ser instalados de manera indiscriminada para atentar contra la población civil y la Fuerza Pública.
Una vez surtidas las diligencias judiciales correspondientes, el taller artesanal fue destruido de forma controlada, el material de guerra e intendencia incautado fue puesto a disposición de las autoridades competentes.
Frente a la comunicación del Consejo Comunitario de la parte baja del río Saija, conocido horas después de que se desarrollara la operación militar, es importante aclarar que las Fuerzas Militares planean y desarrollan sus operaciones en el marco de la legislación colombiana, el Derecho Internacional Humanitario y los Derechos Humanos.
Esta operación permitió neutralizar acciones terroristas contra la Fuerza Pública, activos estratégicos de la región y la población civil. También evidenció la instrumentalización de menores de edad en las filas de los grupos armados organizados al margen de la Ley.
